Pobres y desalojados en una ciudad PRO

Por Franco Spinetta

La política social del Gobierno macrista está reducida a tres opciones: subsidio habitacional, paradores donde se puede pasar la noche o la calle. Este año, el presupuesto para las cooperativas de vivienda (Ley 341), que permitía acceder a un crédito para construir y pagarlo a 20 años, fue reasignado a otras áreas. Mientras tanto, las partidas consignadas al IVC, Instituto de Vivienda de la Ciudad, fueron reducidas a la mitad y se mantiene en pie el proyecto Pro que impulsa la venta de 36 inmuebles que pertenecen a este organismo estatal.

El legislador del Encuentro por la Victoria Francisco “Tito” Nenna, asegura que los desalojos aumentaron durante la gestión de Mauricio Macri. Organizaciones sociales, como Proyecto 7, denuncian que en 2010 el promedio de desalojos es de 100 familias por mes.

Actualmente el Gobierno de la Ciudad está pagando 5.000 subsidios al año. Una familia promedio tiene 4 integrantes, es decir que el total de desalojados es de alrededor de 20.000. Hay que tener en cuenta que en el 2008 Macri firmó un decreto (960/08) que cambia la modalidad del subsidio: ya no lo dan preventivamente para frenar el desalojo, sino una vez que la familia está en la calle. Esta situación hizo que a fines de junio tuvieran que cerrar la atención al público del Ministerio de Desarrollo Social porque la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar se quedó sin fondos.

Una vez desalojadas, el destino de las familias en situación de calle es realmente complicado. Del listado de hoteles que facilita el Gobierno sólo 12 aceptan niños y 3 discapacitados. Todos ellos están completos y muchas personas denuncian que para conseguir una pieza hay que pagar sobreprecio.

Aquellos grupos familiares que no pueden encontrar ubicación en hoteles habilitados por la Ciudad, terminan otra vez en casas tomadas o inquilinatos, los cuales poseen orden de desalojo. Otros directamente viven en la calle, se mudan a alguna villa del conurbano o duermen en los paradores del Gobierno.

Al respecto, funcionarios del Gobierno porteño, como el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, arguyeron que muchas familias se niegan a pernoctar en los paradores. Ángel Araujo, presidente de la CIBA, Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, confirmó este dato, aunque argumentó que no sólo “los paradores están colapsados, sino que dividen al núcleo familiar y terminan perdiendo sus pertenencias que son trasladadas a un depósito judicial”.

A su vez, los albergues estatales otorgan una estadía máxima de 30 días. Luego la familia vuelve a la calle y no puede regresar a ese parador hasta el siguiente mes. Además, deben presentarse antes de las 18 y, si llegan tarde, no les guardan la cama y se la pasan al siguiente de la lista de espera. A las 10 de la mañana, los obligan a retirarse sin la posibilidad de dejar ninguna pertenencia. “Este sistema hace que la familia que se aloja en un parador no pueda mantener condiciones mínimas como para ir a trabajar o llevar los chicos a la escuela y se la pasan dando vueltas por la ciudad”, se queja el legislador Francisco “Tito” Nenna.