El fallo es pésimo para el gobierno y para los que militamos la ley

LA CORTE HACE POLÍTICA / QUÉ NO SE HIZO / MÁS RIQUELME Y MENOS TEVEZ / VENTANAS CERRADAS

Por Pablo Caruso


La discusión sobre el fallo de la corte por la ley de medios aún por estas horas sigue girando alrededor de lo positivo o lo negativo. La valoración es notablemente opuesta según la adscripción política de la fuente. Alguien incluso publicó sobre vasos medio llenos o medio vacíos, como para encontrar cierta mesura. Otra oportunidad perdida para ejercer subjetividad periodística con honestidad intelectual.

Para este periodista, que leyó atentamente el fallo y consultó especialistas varios, el dictamen de la corte es jurídicamente razonable, pero malo, pésimo, tanto para el gobierno como para la ley, y por ende para los que militamos una comunicación democrática. Casi no hay motivos para una mueca de satisfacción. Sólo lo permite el hecho de que pudo haber sido mucho peor.

La segunda reflexión, no trabajada por ahora en general, es que la Corte Suprema de Justicia hizo política una vez más. Y no es crítica, simplemente realidad para tener en cuenta a la hora de objetar la potestad del pueblo de peticionar y presionar sobre sus propias instituciones.

Más allá de las lecturas oficiales sobre la ratificación de la vigencia de la ley, que nunca estuvo en discusión en este proceso particular, no hay chances de ver una ventanita abierta, como otros analistas sugirieron. La discusión de fondo del tema, es decir la aplicación del artículo de desinversión, queda para ser resuelta después de las presidenciales del 2011. No hay tiempos para que la posición dominante de Clarín cese antes de ese momento, con lo cual la solución será de acuerdo a la coyuntura política. Coyuntura política que estará construida en gran parte y como siempre por este mismo actor privilegiado. Ahí es donde perdemos todos, porque la oposición pusilánime que supimos conseguir tendrá una usina nuclear para la invención de algún candidato con posibilidades reales. Sin los fierros de Clarín, es más difícil vender gato por liebre.

Pero ese no es un argumento válido para demostrar gravedad institucional, que es lo que la corte necesitaba para sacar de la cancha la cautelar. Habría que ver responsabilidades de los abogados del Estado en este punto, pero dicen los expertos en el tema que no es cosa fácil. Sí se podría haber actuado en función de un desenlace previsto, y articular inteligencias para que mientras el expediente estaba en la corte, no se detuviera el trabajo del juzgado de primera instancia, encargado de definir el fondo del asunto. Parece que bastaba una fotocopia. Varias veces opinamos que estos tiempos de alto vuelo y enfrentamiento político necesitan madurez y profesionalismo institucional. El estilo impulsivo, verborrágico y desaforado no suele tener esas virtudes. Aquí prefiero más Riquelme y menos Tévez, que suele irse expulsado por una piernita descolocada.

Volvamos un segundo a lo político de la Corte. No es la primera vez que lo mencionamos, y vale el punto porque a esta inteligencia institucional le suma mucho poder entender, comprender y al fin prever escenarios. La Corte sabe muy bien que aún recomendando plazos concretos, esto lo define el próximo gobierno. Y tal vez allí debamos detener la imagen para radiografiar al tribunal. El mensaje al gobierno es: “me atengo a la razonabilidad jurídica; Lo político resolvelo vos”. Decisión política al fin, que se acentúa cuando decide mencionar que el propio gobierno fue quien decidió hace 5 años extender sin discusión las licencias de los grupos que hoy, como ayer, son oligopolio.

Ahora, dos cuestiones que cobran importancia estratégica y que todavía no han sido abordadas oportunamente. Primero: Si la corte arguye para su fallo que se debe respetar cierta formalidad de procedimientos, y que salvo gravedad institucional bien acreditada no puede entender en cautelares; pero al mismo tiempo hay consenso político y legislativo sobre la mediocridad en el empleo de este tipo de medidas para eludir la ley… ¿Qué instancia existe para resolver a favor del bien común este tipo de dilema? O más sencillo… ¿Quién carajo nos defiende de ese mecanismo propio de jueces corporativos?

Segundo tema: Hay muchos artículos de la nueva ley de medios que todavía no se han aplicado. Por caso, los porcentajes establecidos para producción local, la comisión legislativa para el seguimiento de la aplicación de la ley, y la creación de la defensoría del público, el apoyo concreto a nuevos actores para hacer valer la pluralidad de voces. Me quedo corto en cuestiones, pero son los tiempos de esta nota. Todas estas aplicaciones también hacen al derecho a la comunicación, y pueden ser estratégicamente utilizados para romper situaciones dominantes y de dominación. Obviamente el corazón es la pelea contra el poder corporativo.

Sería bueno meditar con inteligencia y eficacia los pasos a seguir. La discusión sobre quién gobierna en nuestro país, si las corporaciones o los gobiernos elegidos democráticamente, está saludablemente en el centro de la escena.

Si no hay virtud política, todo queda en cháchara electoral. Eso sería hacerle el juego a la derecha.