miércoles, 23 de marzo de 2011

Azucena Villaflor y las monjas francesas fueron arrojadas al mar

LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS VUELOS DE LA MUERTE / EL TESTIMONIO DE MECÁNICOS NAVALES / EL PODER JUDICIAL DEMORA JUICIOS A REPRESORES

Por Alberto Ferrari

El fiscal argentino Miguel Osorio, informó hoy que fue identificada la tripulación del avión de la Armada que arrojó al mar los cuerpos de la monja francesa Leonie Duquet, de Azuzena Villaflor y de otras fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, secuestradas entre el 8 y 10 de diciembre de 1977.
  La revelación fue efectuada por Osorio durante el Primer Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Cámara de Diputados de Argentina, que analiza la denominada Operación Cóndor, con la asistencia de delegaciones de Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia.
  Las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azuzena Villaflor, Angela Ahuad, Esther de Careaga y María Ponce de Bianco,  fueron secuestradas junto con otros familiares de desaparecidos, en diciembre de 1977, cuando se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz de Buenos Aires.
   El fiscal Osorio precisó que las investigaciones han permitido establecer que la Armada y Prefectura Naval realizaron 886 vueltos en 1976, 919 en 1977 y 950 en 1978, totalizando 2.755 en ese período.
   Se presupone que algunos de esos vuelos tenían como objetivo arrojar cuerpos de presos políticos en el Río de la Plata y el Océano Atlántico.
    El fiscal se refirió exclusivamente a los casos de Duquet y de las madres cuyos cuerpos fueron devueltos por el mar frente a las playas de Santa Teresita, enterrados como NN e identificados 28 años después, ya que son las únicas evidencias del “vuelo de la muerte” en que se presume también fueron arrojados los demás secuestrados en la Iglesia Santa Cruz.
   Durante su exposición en las jornadas parlamentarias, Osorio afirmó que la reconstrucción de “los vuelos de la muerte” ha sido posible porque muchos mecánicos navales de aquellos años aún están con vida.  
   Osorio, fiscal de Instrucción de la denominada Operación Cóndor, recordó que esa causa judicial "fue el primera que se abrió" en la justicia argentina, a partir de la anulación de las leyes de amnistía en agosto de 2003.
   En la causa se investiga el asesinato de 48 uruguayos, 21 chilenos, 16 argentinos, 13 paraguayos, 1 ecuatoriano y 1 peruano.
   Dos tramos de la causa ya han sido elevados para su juicio oral, precisó el fiscal.
   Jorge Auat, fiscal general de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, a su vez denunció que existen en el Poder Judicial quienes demoran deliberadamente los juicios contra los ex represores.
  “Los fiscales hemos pecado de ingenios en muchos casos, porque el Poder Judicial había gente que podía obturar las investigaciones”, lamentó.
   Auat, fiscal de la causa Margarita Belén en Chaco, mencionó el caso del juez federal de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, que se niega a indagar a los ex represores con la excusa de que no tiene lugar para alojar a los imputados.
   “Pero cuando se le preguntó que hacia con las mulas que transportan drogas desde Bolivia, dijo que a esos sí los detenía e indagaba”, recordó Auat.
   El fiscal general utilizó este ejemplo para remarcar que Argentina tiene "un Poder Judicial selectivo y con un anclaje ideológico" que ha impedido avanzar más rápido en juzgar los crímenes de Lesa Humanidad.
  “Quizás el Poder Judicial es el que menos hizo” por juzgar a los represores, aseguró Auat. En cambio consideró que los foros y seminarios sobre los Derechos Humanos fueron en el tiempo como “un pierna ortopédica que permitió avanzar”.  
  Por eso, en Argentina solo hay siete condenas en firme contra los represores de la dictadura y la mayoría "está en la etapa intermedia de la apelación a Casación", explicó.
  Auat subrayó que “el 24 de marzo de 1976 el Estado pasó a la clandestinidad” y que la impunidad es todavía “la trama más compleja que persiste en el tiempo”.

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