Por qué hay que defender el superávit fiscal

UN HOMBRE DE IZQUIERDA Y CERCANO AL GOBIERNO DEFIENDE UNA CATEGORÍA QUE ERA EXCLUSIVA DE LA DERECHA

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Por Roberto Hilson Foot 

    Sin pretender agotar todos los aspectos técnicos de esta compleja cuestión, en forma simplificada podemos definir al superávit fiscal como un exceso de los ingresos públicos sobre los gastos del sector público. En forma sencilla lo podríamos presentar como:

           PRESUPUESTO 

          DEL SECTOR PÚBLICO = INGRESOS PÚBLICOS-GASTOS PÚBLICOS.

     Desde la década del noventa en función de las negociaciones con el FMI, se comenzó a utilizar la categoría de Superávit Fiscal Primario como la diferencia entre los gastos y los ingresos del estado antes de computar los pagos de deuda pública.

     Al referirnos al superávit del sector público nos referimos en principio al sector público consolidado o sea el gobierno central y el sector público descentralizado.

     Unas de las características salientes del los gobiernos  tanto de Néstor Kirchner (2003-2007) como de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011) ha sido la valoración del superávit como una herramienta económica pero también política vital para el proyecto K.

   Al mirar hacia el pasado, la historia de las cuentas públicas Argentinas es traumática. Si consideramos solo los últimos cincuenta años, la década de los 60 comenzó con un fuerte déficit fiscal, el cual se logró reducir paulatinamente a partir de 1962, llegando en el gobierno de  Illia a un déficit en torno -2% del PBI. Luego con la posterior dictadura el déficit fue progresivamente aumentando sobre todo a lo largo de los años 70 llegando en 1974 ya con el gobierno Peronista al -8% del PBI y en 1975 a nada menos que el -13% del PBI. La dictadura militar del 76 logró por la vía de la reducción del gasto público y el irresponsable endeudamiento externo reducir por algunos años el déficit sin abandonar sin embargo los números en rojo y sacrificando en ese proceso, el nivel de vida y el sistema productivo nacional. En los ochentas tanto durante los últimos años de la nefasta dictadura militar como durante el gobierno de  Alfonsín el déficit volvió a aumentar en un contexto de debilitamiento político, hiperinflación, represión y entrega anticipada del gobierno radical. Durante los gobiernos de Menen (1989-1999) solo se logró un superávit en 1991/1992 a raíz de las privatizaciones de los activos del estado, pero luego de haber mal gastado estos ingresos extraordinarios por privatizaciones, haber duplicado el endeudamiento externo, arrasado con la industria nacional, multiplicado la desocupación, se volvió al déficit claramente desde 1994 y a lo largo de 1995 y 1996. La debacle económica de la convertibilidad y del gobierno de la Alianza implicó graves deterioros en las cuentas públicas con déficit fiscal, imposibilidad de pagar la deuda externa, crisis del sistema bancario, confiscación de los depósitos, disminución de salarios, jubilaciones y pensiones, recesión, caída de la inversión y aumento de la desocupación en lo que ha sido probablemente la peor crisis de la historia Argentina y el fracaso mas rotundo del neoliberalismo, cuyos representantes no dejaron el poder sin cobrarse la vida de decenas de compatriotas.

   El contraste con los últimos años es notable. Se ha logrado mantener a lo largo de varios años el superávit que en 2003 fue de 2,3%, en 2004 de 3,9% del PBI, en 2005 un 3,7%, en 2006 llegó al 3,5%, descendió ligeramente al año siguiente al 3,3% y en 2008 fue de 3,2%. Esta consolidación paulatina de las cuentas públicas siempre bajo la amenaza de una inmensa deuda externa heredada, ante la que se adoptó la novedosa política del des-endeudamiento, es lo que le permitió al país enfrentar la crisis mundial de 2008-2009 (la peor desde 1929-30) con políticas anticíclicas, sacrificando para ello el superávit, para aumentar convenientemente la inversión pública y la demanda agregada por medio de los sueldos, pensiones y jubilaciones decididas desde el sector público y además tomando la decisión histórica de re-estatizar el sistema de jubilaciones y pensiones administradas hasta entonces por las AFJP. Progresivamente con el aumento de la recaudación a lo largo del 2010 y 2011 el gobierno nacional está recuperando el nivel del superávit.

      Desde la izquierda,  interesados en el bienestar del pueblo debemos pensar la importancia del superávit fiscal desde un punto de vista distinto al de las clásicas políticas neoliberales. Debemos a mi entender valorar la capacidad del poder político democrático de tomar por medio del sistema impositivo fondos de los privados para redistribuirlos  en gasto social. Por el lado de los ingresos indudablemente nos debemos una reforma impositiva integral que sustente el grueso de la recaudación en impuestos progresivos directos y no en regresivos indirectos, y por el lado de los gastos minimice por ejemplo el gasto en armas o exenciones a sectores ya de por sí poderosos como el minero, para dedicarlo por medio de subsidios, y gastos sociales al beneficio del pueblo. Como condición de fortaleza fiscal esos gastos deben ser inferiores a los ingresos para de esa manera acumular  superávit para enfrentar situaciones de contingencia catastróficas tanto naturales como sociales (sequías, terremotos, enfermedades), para consolidar las  reservas y fortalecer el sistema bancario y poder enfrentar el poco compromiso con el destino del país que muestran tanto la burguesía como la oligarquía terrateniente, que se han especializado en evadir impuestos y fugar capital a lo largo de décadas y con los más variados tipos de gobiernos, produciendo una asignación subóptima de recursos que el estado debe compensar. 
    Para poder seguir enfrentando la carga histórica de la deuda externa que irresponsablemente todos los gobiernos (salvo Perón-Gelbard) desde la dictadura de Onganía han aumentado y que por primera vez logramos desde el gobierno de Kirchner (2003-2007) reducir con la quita compulsiva a los acreedores, más grande de la historia y la regularización del pago de intereses y el pago entre otros al FMI, pero además y acaso este sea para nosotros el punto clave, para fortalecer el poder político evitando su subordinación al poder económico y garantizando una autonomía financiera del gobierno democrático que permita la mediación política en la distribución de la riqueza y la situación social del pueblo. Obviamente esto requiere la participación y movilización de los sectores populares, la disputa por la hegemonía y la democratización de la información,  el trabajo social de todos los sectores del estado y la sociedad civil, liderazgo y acuerdos con los sectores sindicales y políticos progresistas para poder mantener el rumbo, profundizar el modelo para seguir reduciendo la desocupación, la pobreza y la indigencia. Pero no hay duda que esto no será posible con un estado debilitado financieramente, que deba pedir fondos a los poderosos, que vuelva a depender del FMI, que necesite acuerdos con los empresarios, terratenientes y banqueros para poder saldar las cuentas públicas. Solo un estado comandado por un gobierno democrático y popular, consolidado en lo financiero con el superávit como condición necesaria pero no suficiente de decisiones autónomas y populares, puede pretender ser un interlocutor de los grandes factores de poder económico nacionales e internacionales, capaz de defender el interés de los argentinos y asegurar la autonomía aunque sea relativa de la política aún dentro de los límites que impone el capitalismo.