LA ARDUA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA ESTATAL
Por Ricardo Aronskind
El kirchnerismo no ha sido igual a si mismo a lo largo del tiempo. Tuvo una primera etapa de gestión signada por una impresionante reactivación económica sin que se verificaran cambios estructurales significativos.
Pero se construyeron reservas de una magnitud tal, que constituyeron un escudo formidable contra una de las formas más comunes de intervención política de “los mercados” en nuestra economía: la creación de crisis cambiarias que derivaban en caos económico y social, para forzar la remoción de los gobiernos. Ese logro no fue menor, en términos de dotar al gobierno de una defensa indispensable para no ser presa del constante chantaje de “los mercados” y de sus sospechosos ataques de “desconfianza”. También se reestructuró la deuda externa, para compatibilizar sus vencimientos con la posibilidad del crecimiento económico.
Hacia fines de 2005, y en consonancia con Brasil, Argentina canceló sus compromisos con el FMI. Pocos advirtieron en ese momento el significado histórico de esa acción: se sacaba de la “mesa de decisiones” nacional al organismo que fue el principal ariete del capital financiero para abrir y desregular las economías periféricas, y conectarlas al casino global. En nuestro país, ese organismo se constituyó en un poderoso aliado político de las fracciones más parasitarias –y delincuenciales- del capital financiero local.
El rechazo, junto con buena parte de Sudamérica, del intento norteamericano de impulsar un tratado de libre comercio en todo el continente (ALCA) mantuvo a salvo las capacidades locales de fijar políticas económicas.
El progresivo malestar de la cúpula empresaria local, disfrazado de críticas a la “falta de diálogo”, y al “hegemonismo” gubernamental, se explica por la autonomía –infrecuente- que se observaba en la definición de las políticas públicas.
Luego del conflicto provocado por las corporaciones agropecuarias en 2008, en las que se intentó derribar al gobierno para instalar a políticos subordinados al poder económico, se tomó una decisión de características estructurales: retomar el control sobre los fondos jubilatorios, hasta ese momento en manos del bloque rentista-financiero que había dominado la política argentina de los ´90. Vale la pena recordar que la disputa con el bloque agrario estalló por la pretensión gubernamental de captar mediante retenciones parte de la gigantesca renta agraria diferencial que ingresaría al país dados los precios internacionales en 2008, cosa que el sector privado logró evitar, articulando un vasto frente político y social reaccionario.
La decisión política de hacer frente a los compromisos de deuda externa (contraída por las gestiones de Martínez de Hoz y Cavallo) con el uso de las reservas (en vez de volver a endeudarse con el exterior, como pretendía buena parte del establishment local) significó para el gobierno una desgastante batalla con el propio presidente del Banco Central.
El cambio del clima político favoreció nuevos pasos en el rumbo de la autonomía estatal: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central –otro baluarte institucional del neoliberalismo- permitió dotar de mayor consistencia a la política económica oficial.
La reciente expropiación de YPF a la petrolera REPSOL marca otro paso en la reconstrucción de las capacidades de intervención del Estado Nacional en la economía. Hoy parece una posibilidad real poder utilizar a esta gran empresa para lograr autoabastecimiento energético, fortalecer al sector externo, regular precios clave, impulsar eslabonamientos productivos y promocionar la investigación y el desarrollo.
Si se observan estas transformaciones en perspectiva, la orientación de las gestiones gubernamentales desde 2003 parece precisarse. Desde la perspectiva de la construcción de un Estado más autónomo el avance es evidente, no sólo desde el punto de vista de las ideas de la conducción política del mismo, sino también en la creación de mayores capacidades para incidir efectivamente sobre el rumbo económico.
En el caso argentino, esto incluye dos aspectos: fortalecer al Estado financieramente para que no dependa del capital especulativo local y externo (la madre de todas las dependencias), y prepararlo para que pueda modificar las estructuras profundas de la economía argentina.
Buena parte del legado subdesarrollante del modelo rentístico-financiero iniciado en 1976 en materia de estructuras económicas y sociales sigue pesando sobre la posibilidad de progreso de los argentinos. En materia industrial, agraria, de servicios, son numerosos los problemas que traban la creación de una economía más diversificada, compleja y capaz de ofrecer más y mejores puestos de trabajo.
Las dirigencias corporativas no han mostrado capacidad para articular ningún proyecto socialmente inclusivo, o diferente del lugar subordinado que le reserva la “globalización” a la Argentina en la división internacional del trabajo. Cuando el Estado se dedicó a satisfacer exclusivamente los requerimientos empresarios se terminó en la catástrofe económica y social de 2001.
La única alternativa disponible para salir del subdesarrollo parece ser la construcción de un instrumento público eficiente al servicio de las mayorías, e independiente de los intereses particulares y sectoriales. Basta observar las contradicciones de nuestra sociedad para comprender lo complejo de esta tarea. Pero es la condición necesaria para avanzar en cambios aún más decisivos.
