En el día de ayer y sin que nadie se lo pidiera, el juez federal Gustavo Pimentel recordó al gobierno la existencia de un fallo de tres años atrás que, muy al estilo tiro el cascote y escondo la mano, le ordena “arbitrar los medios necesarios para garantizar la libre circulación” por el puente internacional San Martín.
Un absurdo del ministro Randazzo fue la primera respuesta oficial: “Haremos cumplir la orden judicial sin represión”. Pero luego dejó entrever cuál sería la estrategia: ante una eventual negativa de los asambleístas piqueteros a despejar la ruta, la Gendarmería identificaría a los presentes a fin de denunciarlos por incumplimiento de una orden judicial, con lo que siguió deslizándose en la más oscura de las ambigüedades.
No obstante, en Gualeguaychú cundió la histeria (la histeria es así, loca) y pronto comenzó la movilización de vecinos hacia Arroyo Verde, sitio donde un acoplado, cuatro viejos y varios gendarmes impiden el tránsito hacia el Uruguay. Lo reducido de la fuerza básica de corte no habla necesariamente del cada día más menguante apoyo al corte, sino de su irracionalidad, pues no es posible sostenerlo de otro modo. Y de la irracionalidad de una asamblea cada vez más reducida e intolerante que si bien no sostiene una medida al día de hoy popular (la mayoría de los vecinos opina que el corte es tan estúpido como contraproducente) lleva a cabo una lucha que sí lo es.
Aclaremos que es popular hasta casi volverse unánime el rechazo a la instalación de la planta (aunque la planta esté ahí, vivita y humeando), pero no el “ambientalismo”: a nadie le importa un pito la contaminación. Así como le enfurece la contaminación que tiene enfrente, la asamblea finge demencia ante la contaminación que tiene encima, la de los agroquímicos, habitual y generosamente esparcidos por varios de sus miembros más prominentes. Ante lo cual y por su parte, los vecinos, como es habitual, se alzan de hombros, entre indiferentes y resignados.
En el día de hoy, el ministro Fernández precisó el sentido de las generalidades de su colega: el gobierno se presentará como querellante y denunciará penalmente –y demandará por daños y perjuicios– a los individuos que impidan la libre circulación hacia el puente general San Martín, una medida muy poco práctica, de aplicación presumiblemente turbulenta y cuyo público se encuentra del otro lado del río. El resultado inmediato será revitalizar al sector más psicótico de la asamblea, que en los últimos tiempos viene dominándola (y aislándola) así como los locos hacen las cosas: a fuerza de gritos, accesos frenéticos, discursos autistas y no poca prepotencia.
En Página 12 el periodista Martín Granovsky escribe: “(El gobierno) tenía tres posibilidades a mano. La primera, reprimir a los que cortan el paso a Uruguay (…) La segunda, romper con Uruguay y tejer una alianza a muerte con la vanguardia de Gualeguaychú. La tercera, apostar a las relaciones con Uruguay y dejar al grupo de cortadores en el pasado. Escogió la tercera.”
Sin embargo, una cuarta alternativa –o primera, cronológicamente hablando– era factible y consistía en algo tan simple como retirar de Arroyo Verde los efectivos de gendarmería que ofician de custodia de los cuatro viejos y el acoplado, evitando así que cualquiera llegue con un bidón de gas oil, les prenda fuego y siga viaje rumbo al Uruguay.
Es necesario que las autoridades (y los asambleístas) tomen conciencia de que el corte de la ruta internacional pudo sostenerse en forma ininterrumpida durante tres años sólo gracias al soterrado apoyo oficial y a la evidente protección de Gendarmería.
Cada uno de los actores de esta comedia ligera debería hacerse cargo de su cuota parte en el enredo si se que quiere que no derive en tragedia. Algunos lo van haciendo: el presidente Mujica desanda trabajosamente el camino hacia la nada y el aislamiento emprendido por su predecesor, uno de los principales responsables de que un diferendo menor llegara a un amargo distanciamiento. El otro gran responsable, el gobierno argentino, que después de prestarle al tratado del río Uruguay la misma atención que le dispensaría a un tema de Ricky Maravilla cantado por un borracho en un descampado, sobreactuó una inconsecuente postura ambientalista, desmentida en los hechos todos y cada uno de los días, en todos los órdenes, en las más diversas partes del país, empieza a comportarse con alguna cordura, entendiendo que es tan necesario proteger el río en todo su cauce en forma conjunta con el Uruguay como recomponer las relaciones políticas, económicas y afectivas con el país hermano.
Queda por ver si la asamblea ambiental o al menos el pueblo de Gualeguaychú empieza a reflexionar y actuar como se supone reflexionan y actúan las personas adultas que la conforman o si persiste en los berrinches, llantos y gritos propios de los niños menores a los seis años.
La fábrica está ahí, sólida, concreta, humeante y tangible. Un fallo de la corte a la que la propia asamblea reclamaba acudir dictaminó que su presencia era ilegal, violatoria del tratado entre los dos países, pero que hasta el momento no había contaminado, con lo que no había razones para que no siguiera estando tan sólida, concreta y humeante como hasta entonces. Aferrarse a consignas tan ingeniosas como estúpidas del estilo de acusar al Uruguay de “violador serial” no es más que un ejercicio masturbatorio, y persistir en un contraproducente corte de ruta, propio de internos de un frenopático: la planta seguirá ahí hasta tanto el pueblo uruguayo no decida lo contrario. Nadie más puede decidir al respecto. Resulta entonces muy difícil de entender la persistencia en una medida cuyo único resultado práctico es agredir, perjudicar e indignar a quién al final de cuentas tiene la decisión.
Le toca entonces a la asamblea ambiental y –o en su defecto– al pueblo de Gualeguaychú aportar su cuota de madurez y sentido común para evitar lo único que se puede evitar, y que no es poco: la contaminación por parte de Botnia‑UPM y la instalación de nuevos emprendimientos contaminantes. Y esto sólo puede hacerse en conjunto con el gobierno y el pueblo uruguayos.
